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El desvanecimiento de la esperanza

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Por Pedro Kuri Pheres

En los tres debates previos a la pasada elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador fue enfático en su propuesta de reducir salarios de altos funcionarios y de promover iniciativas para aplicar la misma medida en los Poderes Judicial y Legislativo, a fin de causar un ahorro al erario que sería redirigido hacia programas y acciones de carácter social.
La política de austeridad ha sido la más promovida y defendida por el presidente electo de México, a unos meses de que tome posesión, como parte de lo que se ha atrevido a anunciar como la Cuarta Transformación del país.
Con los ajustes salariales previstos por el próximo gobierno, se pretenden tener ahorros de 10 mil 697 millones de pesos del Consejo de la Judicatura de la Federación; 661 millones de pesos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 259 millones de pesos del Instituto Nacional Electoral y 731 millones de pesos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mencionar los entes más significativos.
López Obrador se reunió este viernes con los ministros de la Corte, a quienes, como candidato a la presidencia de la República, llamó «alcahuetes» y «maiceados», y les criticó su salario de 650 mil pesos mensuales que -según denunció en su momento- no devengan.
En este primer encuentro entre los miembros de la SCJN y López Obrador no hubo fricciones ni reclamos, pero las dudas sobre lo dialogado y la falta de acuerdos dejan entrever que su relación se mantiene tensa. Fue un intento frustrado de borrón y cuenta nueva, aunque los ministros lograron frenar la pretensión de una disminución en su remuneración salarial.
Y es que López Obrador no logró sostener lo reiterado en su campaña: aplicar reducciones salariales en la SCJN. En contraparte, los ministros obsequiaron al presidente electo la oferta de aplicar una disminución discrecional de al menos 5 mil millones de pesos en el presupuesto del Poder Judicial en 2019. Y recalco lo discrecional porque no se especificó de qué rubros se generará ese ahorro ni si este tocará el salario de los ministros.
Lo cierto es que las propuestas de López Obrador, al paso de los meses previos a su asunción, no guardan parecido con las esbozadas durante la pasada campaña. Algunas han sido matizadas, como el de la baja a los precios de la gasolina -que no será tal, sino una suerte de contención al alza a partir del 1 de diciembre próximo- o ésta de las reducciones salariales.
López Obrador pareció delegar a la Suprema Corte la decisión de ajustar los sueldos de sus ministros al afirmar que será respetuoso de la independencia de los poderes y confiar en que su política de austeridad será puesta en práctica, por antonomasia, en los poderes del Estado.
Los ajustes salariales son benéficos, sin duda, pero ejecutar reducciones sin sustento implicarían riesgos que pueden impactar en el desempeño de los servidores públicos o en la búsqueda de otras fuentes de ingresos proclives a actos de corrupción.
De no proceder las disminuciones salariales, el próximo gobierno está obligado a imponer castigos ejemplares a quienes incurran en actos de corrupción, a manera de sentar el precedente que toda la sociedad espera con este cambio de administración.
Si el presidente electo pretende construir un México unido y estable, requiere sostener las propuestas que lo hicieron ganar. De lo contrario, la esperanza de un amplio sector de la población que voto en su favor puede ahondar la herida nacional infligida por la inseguridad, la falta de oportunidades y la indiferencia de las autoridades a las demandas más sentidas de la población.

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