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Reforma al artículo 14 de la Constitución guerrerense. Una necesidad mal atendida.

Escribe.- Salvador Hernández Garduño..

La semana pasada, el Congreso de Guerrero aprobó una reforma al artículo 14 de la Constitución local, cuya iniciativa fue enviada por el Gobernador Héctor Astudillo y presentada por los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, quienes fueron los encargados del análisis de viabilidad de la misma.

La reforma en cuestión tiene como objetivo enderezar la regulación de los sistemas de justicia comunitaria en el Estado como respuesta a la recomendación número 09/2016 “SOBRE LA SITUACIÓN DE LA POLICÍA COMUNITARIA DE OLINALÁ, EN EL ESTADO DE GUERRERO, LA DETENCIÓN DE DIVERSOS INTEGRANTES DE LA POLICÍA COMUNITARIA Y DE LA COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS, ASÍ COMO DE LA DETENCIÓN DE PERSONAS POR PARTE DE ESA POLICÍA COMUNITARIA” emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 29 de febrero de 2016.

Asimismo, la modificación no solamente pretende fortalecer la regulación de estos sistemas de justicia, sino que deja entrever una pretensión de robustecer la normatividad aplicable a las policías comunitarias ante la perversión de dichos cuerpos de seguridad civil, ya que al amparo de la defectuosa legislación que los regula, se ha posibilitado la institucionalización de verdaderos grupos criminales bajo el velo de esta figura.

A partir de la reforma, el artículo 14 de la Constitución guerrerense estará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 14.- La ley establecerá las bases para una adecuada armonización entre el sistema jurídico estatal y los sistemas normativos indígenas y afromexicanos en materia de seguridad pública e impartición de justicia; así como para aplicar sus sistemas normativos en la solución de los conflictos internos de sus comunidades; también regulará los procedimientos de validación de sus resoluciones por los jueces y tribunales competentes de conformidad con el orden jurídico estatal y federal.

Tratándose de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, o bienes personales de alguno de sus miembros, se estará a lo dispuesto por la legislación nacional aplicable.”

 

De primera impresión podría pensarse que el precepto constitucional reformado permitirá un mayor control en la forma en que los sistemas de justicia comunitaria llevan a cabo sus procedimientos y dictan sus resoluciones, lo que para muchos podría parecer digno de celebrarse. Sin embargo, en opinión del que escribe, la reforma limita el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación en cuanto a la solución de sus conflictos internos y aplicación de sus sistemas normativos; opinión que intentaré justificar a continuación.

Por principio, el derecho de nuestros pueblos originarios a la libre determinación se insertó en el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) a través de una reforma realizada en el año de 2001, la cual significó una gran victoria de los movimientos indígenas gestados en el territorio nacional, particularmente en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

En la exposición de motivos de la iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal, el apartado (así lo mencionaré aunque propiamente no se insertó una numeración) que se refiere al “Derecho  al propio derecho como garantía constitucional parte del análisis de la fracción II, del apartado A, del artículo 2° de la CPEUM, la cual dispone lo siguiente:

“II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.”

Como se puede observar, la parte final de la fracción anteriormente transcrita es muy similar la parte final del artículo 14 de la Constitución de Guerrero con su nueva redacción, sin embargo, a diferencia del texto constitucional local, la CPEUM  dispone que “la ley establecerá los casos”, siendo esto de particular relevancia para el punto que pretendo sostener.

Al establecer “los casos”, la CPEUM atiende al respeto del derecho a la libre determinación de los pueblos originarios, pues establece un criterio de excepción a la validación por parte de los jueces o tribunales, y no una generalidad. Por lo tanto, el texto debe interpretarse de acuerdo a la autonomía de los pueblos indígenas en materia de regulación y solución de conflictos internos, salvo aquellos casos excepcionales que establezca la ley.

Sin embargo, la iniciativa del Gobernador, al referirse a la fracción en comento interpreta lo anterior en el sentido de que esto“conlleva siempre a un monopolio por parte del Estado sobre la determinación de los conflictos que quedan en el ámbito propio de los pueblos indígenas.” Nada más equivocado.

Inmediatamente después, la iniciativa refiere la tendencia jurisprudencial relacionada con violencia familiar dentro de los grupos indígenas, con lo cual pretende confirmar su planteamiento. Sin embargo, el hecho de que la jurisprudencia haya establecido que la violencia familiar no puede justificarse bajo los usos y costumbres de algún grupo indígena debe considerarse como una de las excepciones que establece la fracción II, del apartado A, del artículo 2° de la CPEUM, en cuanto a la aplicación de medidas disciplinarias en oposición al derecho humano a la integridad.

En ese sentido, el texto del reformado artículo 14 de la Constitución local, fuera de armonizase con el texto de la CPEUM, se aleja del sentido del mismo, ya que en la parte final del primer párrafo, establece un criterio de generalidad al omitir señalar “los casos” como criterio de excepción a la validación por parte de los jueces o tribunales pertenecientes a la jurisdicción estatal, lo cual constituye un grave atentado al derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas en materia de resolución de conflictos internos e impartición de justicia conforme a sus usos y costumbres.

La exposición de motivos de la iniciativa del Gobernador aborda otros temas que también pudieran ser sujetos de análisis, sin embargo, me limitaré a hacer mención del planteado anteriormente por considerarlo el de mayor trascendencia por su relación con el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas.

Es cierto que la reforma del artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero era necesaria tanto para enderezar y armonizar la regulación de los sistemas de justicia comunitaria, como para atender a la recomendación de la CNDH, siendo digno de celebrarse el hecho de que nuestra entidad sirva de ejemplo y reconozca el peso del sistema no jurisdiccional de protección de derechos atendiendo las recomendaciones del Ombudsman nacional. Sin embargo, lo cierto es que la reforma deja mucho que desear y si bien pudiera servir como vehículo hacia la gobernabilidad, esto se logrará a cambio de un precio muy alto que deberán cubrir nuestros pueblos originarios, quienes históricamente han sido el sector más azotado por las injusticias que naturalmente provoca un sistema democrático hacia las minorías.